La niñez indígena merece que se tomen medidas urgentes para garantizar sus derechos.
Estas comunidades sufren de manera especial y severa múltiples vulneraciones a sus derechos.
La visita a Colombia del Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, Francisco Cali Tzay, es una oportunidad para recordar todo lo que nos falta avanzar en la garantía de los derechos de la niñez indígena, que sufre de manera especial y severa múltiples vulneraciones.
Los niños, niñas y adolescentes indígenas llevan el testigo de siglos enteros de cosmovisión, costumbres, músicas y lenguas transmitidas oralmente; de abuelos a padres y de padres a nietos.
Pese a habitar entornos de inmensa riqueza, de su identidad cultural y de su historia, corren riesgos que todos los días limitan sus sueños y su acceso a derechos. Los territorios indígenas enfrentan una dicotomía: la presencia de actores armados e ilegales que amenazan su estar en las comunidades y su supervivencia, y, por otro lado, la falta de presencia estatal.
Esta situación puede entenderse mejor si acompañamos la trayectoria de vida de un niño o una niña en algunos de los 115 pueblos indígenas nativos del país, a los que pertenecen al menos 2 millones de personas, de las cuales 644.433 son niños, niñas y adolescentes entre los 0 y 14 años (DANE, 2018).
El derecho innato que tienen los niños, niñas y adolescentes indígenas a disfrutar de una infancia en paz, en la que desarrollen todo su potencial, se ve truncado en diferentes momentos por las brechas de acceso a servicios básicos, el conflicto armado, la pérdida del territorio y la discriminación, poniendo en riesgo día a día su supervivencia y desarrollo.
Trayectorias de vida limitadas desde la gestación.
Desde antes del nacimiento de un niño o niña indígena, encontramos que la mortalidad materna entre sus madres (durante el embarazo o después del mismo) es una de las más altas del país. En Colombia, entre 2008 y 2020 el Instituto Nacional de Salud reportó que el 10% de las muertes maternas ocurrió entre mujeres indígenas de bajo nivel educativo en zonas rurales dispersas, contextos donde habita la mayoría de la población indígena (79%, de acuerdo con el DANE, 2018). De igual manera, la mayoría de las muertes maternas corresponden principalmente a mujeres que no contaban con afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
Las niñas y los niños que nacen en comunidades indígenas corren riesgo de nacer con bajo peso. Esto responde a las dificultades de muchas familias para acceder a medios de vida, y en especial, las condiciones en salud y nutrición de las madres indígenas gestantes. Así, la tasa de mortalidad por desnutrición aguda en menores de 1 y 5 años sigue estando tres y cuatro veces por encima de los datos nacionales, respectivamente, con mayor presencia en comunidades indígenas de municipios de Chocó, Vichada y La Guajira (INS, 2023), como se verá a continuación.
En sus primeros cinco años de vida, los niños y niñas corren el riesgo de que esta malnutrición empeore por el consumo de agua sin tratar, que produce enfermedades prevenibles como diarreas agudas o infecciones respiratorias agudas. En lo corrido del 2024, de las 101 muertes registradas de niños y niñas entre 0 y 5 años por estas causas, 46 pertenecían a pueblos indígenas: dicho de otra forma, la comunidad indígena representa un 45% de las muertes por estas enfermedades y condiciones prevenibles.
Solo el 41,4% de hogares indígenas accede a un servicio de acueducto, y escasamente, solo el 23% accede a servicio de alcantarillado (DANE, 2018). En el caso de un niño o niña con algún tipo de desnutrición, una enfermedad como las mencionadas podría significar la muerte, sumado a la dificultad de acceso a servicios de salud suficientes, cercanos y efectivos a las comunidades donde reciban un esquema de vacunación completo, seguimiento a su crecimiento y desarrollo, atención nutricional y una atención continuada disponible en su idioma, y que tenga en cuenta sus costumbres y cultura.
Los niños y niñas que llegan a la edad escolar se encuentran con un sistema que no facilita su acceso a educación propia. Además, tampoco hay suficientes escuelas adaptadas a las necesidades básicas de los estudiantes, con puntos para el consumo de agua segura, baños dignos para su uso con estaciones de lavado de manos, y donde las niñas y adolescentes puedan gestionar su menstruación de manera segura y privada.
Según el Ministerio de Educación, en Colombia el 40% de las escuelas rurales no tiene acceso a agua potable. Todas estas situaciones escolares generan bajos índices de matrícula y deserción. De igual manera, de acuerdo con el censo del DANE de 2018, solo un 17,5% de los adolescentes indígenas completó la educación media y apenas el 6,7% logró terminar estudios de educación superior.
Para un niño o niña indígena, llegar a las escuelas puede ser un reto en sí mismo. Las comunidades indígenas suelen estar confinadas por cuestiones del conflicto armado, con lo cual se restringe la movilidad de los niños y niñas hacia estos espacios educativos. Por si fuera poco, pueden encontrarse en su camino a la escuela con minas antipersonal, municiones sin explotar y trampas explosivas, lo que los expone a lesiones permanentes, afectaciones psicosociales e incluso a la muerte.
Ser un niño o niña indígena adolescente conlleva otros retos directamente relacionados con el conflicto armado, pues se aumenta la posibilidad de que sean reclutados, usados o utilizados por grupos armados y bandas delincuenciales que viven o controlan sus territorios. La Unidad de Víctimas reporta, entre 1985 y 2023, un total 223.480 niños, niñas y adolescentes indígenas víctimas del conflicto armado.
El estudio de caracterización de niñez desvinculada de UNICEF e ICBF (mayo de 2023), reportó que del total de niños, niñas y adolescentes desvinculados de grupos armados que fueron atendidos por el Programa Especializado entre 2013 y 2022, el 23% corresponde a pueblos indígenas,
especialmente de los departamentos de Cauca, Nariño y Chocó. Esto significa un aumento del 10% en el reclutamiento en la última década con respecto al último estudio de 2013.
La niñez indígena ha estado especialmente afectada por la violencia sexual. Una forma de lograr la permanencia de adolescentes en sus hogares, escuelas y comunidades se logra cuando estos espacios son entornos protectores, pero de acuerdo con el Instituto de Medicina Legal, se presentaron más de 1.500 casos de niñas, niños y adolescentes indígenas valorados por presuntos delitos de abuso sexual entre 2019 y noviembre de 2022.
La adolescencia es uno de los momentos donde las niñas indígenas están especialmente en riesgo. Al alcanzar estas edades, se enfrentan con la posibilidad de un matrimonio infantil o una unión temprana con otra persona de su comunidad o, incluso, un externo, generalmente adultos. Con ello pueden devenir uno o varios embarazos, con lo cual se interrumpe la educación de las adolescentes y se pueden ver limitados sus medios de vida a futuro mientras se dedican al hogar.
Recomendaciones para trabajar por la niñez indígena
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Fortalecer la cultura propia, usos y costumbres de los pueblos indígenas. De esta forma se logra garantizar la protección y garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes en sus comunidades, con especial énfasis en la prevención del reclutamiento, uso, utilización, y violencia sexual.
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Trabajar en el cierre de brechas de acceso a agua limpia, saneamiento e higiene con programas que tengan en cuenta los contextos y preferencias de las comunidades, fomentando también liderazgos juveniles en las mismas.
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Fortalecer los programas territoriales de acceso a la red de servicios y programas de atención en salud y nutrición, control de salud de gestantes, planificación familiar, vacunación y salud mental, entre otros.
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Incorporar en la agenda pública acciones que motiven la participación significativa de los jóvenes de pueblos indígenas para la construcción de la paz territorial, en línea con la Resolución 2250 sobre jóvenes, paz y seguridad. Esto incluye garantizar sus derechos a ser informados y consultados, y para tener en cuenta sus opiniones en todas las cuestiones que afecten sus vidas y futuros.
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Promover espacios de reflexión y diálogo dentro y fuera de la escuela de saberes intergeneracionales e interculturales, con el propósito de considerar la coexistencia de cosmogonías y conocimientos diversos evitando enfoques superficiales y esencialistas sobre la niñez indígena.
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Fortalecer la oferta institucional dirigida a la prevención y la respuesta a los riesgos asociados al conflicto armado, así como a la atención de vulneraciones de la niñez indígena, en especial frente al reclutamiento, uso, utilizo y violencia sexual, a través del fortalecimiento de los servicios, incluyendo a los de salud mental y apoyo psicosocial, a partir de sus costumbres y prácticas ancestrales y también el liderazgo juvenil.
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Fortalecer a través de la educación los mecanismos que permitan la recuperación de la memoria histórica y la promoción de estrategias de sanación colectiva ante los daños del conflicto armado.
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Poner en marcha planes de acción que cuenten con la participación de las organizaciones representantes de los pueblos indígenas e incorporar el enfoque intercultural en los procesos de formación del talento humano en salud y prestación de los servicios para el cuidado de la salud de esta población.
