Infancia desplazada por extorsión de pandillas en El Salvador
Para las familias que no pueden dejar sus hogares por temor a la violencia de las pandillas, a veces la migración parece ser la única salida.
EL SALVADOR, 15 de agosto de 2018 – Julieta*, de 14 años, vive atemorizada desde que un día escuchó que un hombre amenazaba a su padre con matarlo si no pagaba una extorsión.
Este hombre era un pandillero y Julieta supo que si no entregaban el dinero que pedía, lo más seguro es que su padre sería asesinado como ya había pasado con varios de sus empleados.
Durante meses, la familia de Julieta ha estado viviendo en un constante estado de miedo.
“Me preocupé mucho y me dio el dolor en el cuello, se me torció”, cuenta Julieta.
La vida normal que alguna vez tuvieron ahora parece un recuerdo lejano.
De la estabilidad a la extorsión
Ana, madre de Julieta, recuerda cuando era ama de casa, dedicada por completo al cuidado de sus hijos, Julieta y Rodrigo de 16 años, mientras su esposo, José, invertía en negocios prósperos.
Pero a medida que creció su éxito, se convirtió en un blanco.
En El Salvador, los comerciantes exitosos corren el riesgo de sufrir extorsiones por parte de las pandillas. Según estadísticas de la policía, solo en 2017 se registraron 1.588 denuncias por este delito a nivel nacional. Sin embargo, la mayoría de los casos jamás se denuncian por miedo a las represalias.
“El detonante para que ese entorno armonioso cambiara fue el crecimiento económico de mi esposo” confirma Ana.
Los pandilleros empezaron a ejercer presión para que José pagara las extorsiones hasta que lograron quebrarlo.
La familia de Julieta que antes vivía cómodamente, vive ahora en una situación de extrema pobreza y encierro en uno de los municipios más violentos de El Salvador. “Nos hemos acuartelado en nuestra vivienda”, asegura Ana.
Vivir bajo amenazas
Hoy en día, Julieta solo sale para ir a un centro educativo privado y Rodrigo pasa todo el tiempo en la casa porque sus padres no tienen dinero para pagar los estudios de ambos. Asistir a una escuela pública no es una opción. Estadísticas del 2017 demuestran que, 44.61% (2,295) de los centros educativos están ubicados en comunidades que tienen presencia de pandillas.
Rodrigo extraña salir a la calle y compartir con sus amigos de la escuela: “quisiera vivir en los tiempos cuando era pequeño porque no tenía ninguna preocupación, podía salir a la calle, jugar con mis amigos, los vecinos. No me gusta vivir el tiempo en el que estoy”.
Ahora es Ana la que lleva el dinero para sostener a la familia: “vendo desde piedras hasta ropa usada… cuando caen los primeros dólares son para comprar frijoles, huevos…”.
La migración como única salida
De acuerdo al Informe de Desplazamiento Forzado de 2017 publicado por el ACNUR, solo en ese año, 59,400 personas de El Salvador solicitaron asilo o refugio en otros países.
Ana y su familia nunca han contemplado emigrar. “Se requiere mucho valor. Jamás expondríamos a nuestros hijos a que les pudiera pasar lo peor” dice Ana. “Para nosotros, lo primero era agotar todo recurso legal”, agrega.
Pero ahora Ana cree que es más seguro acuartelarse con su familia en casa que poner la denuncia en la policía o en la fiscalía. “En este país no hay secretos y todo el mundo se vende. Vivimos en un tiempo de mucha envidia, mucho egoísmo y la gente es capaz de hacer cualquier cosa”.
Recientemente, Ana y su familia decidieron buscar asilo en otro país. “Nosotros no nos quisiéramos ir, amamos nuestro país, pero lastimosamente hay mucha gente que lo ha echado a perder… O nos vamos o podemos llegar a tener una desgracia en nuestra familia”, dice Ana.
Rodrigo cree que irse y dejarlo todo no es fácil: “en parte siento que va a ser bueno, pero por otra parte tengo que abandonar muchas cosas, personas que son bastante cercanas a mí, mi familia, el lugar donde crecí… hay un valor sentimental en lo que hay a mi alrededor”.
UNICEF está colaborando con autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil en la implementación de una estrategia para prevenir la violencia y combatir las causas de la migración y desplazamiento forzado. Como parte de esta estrategia, UNICEF coopera con instituciones como el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad “José Simeón Cañas” (IDHUCA), el cual brinda asistencia a las familias afectadas incluyendo asesoría legal o apoyo psicosocial.
Sin embargo, se necesitan más intervenciones integrales y de recursos adecuados para que la protección de las familias frente a la extorsión y migración forzada.
* Todos los nombres de esta historia han sido cambiados para proteger la identidad de la familia.
